Según informa la Guardia Civil en un comunicado, tres de estas personas trabajaban sin titulación que les habilitara para desarrollar la labor profesional ejercida en clínicas dentales. La cuarta, era la propietaria de una de las clínicas, la cual, es igualmente autora por colaboración necesaria para la comisión del delito, ya que conocía la falta de habilitación de los otros.
Los agentes han inspeccionado, junto con Inspectores de la Delegación Provincial de la Consejera de Sanidad de la Junta de Andalucía y de la Delegación de Provincial del Ministerio de Trabajo e Inmigración, dos clínicas dentales, en las cuales, se ejercía de forma irregular el ejercicio profesional.
Los agentes también imputan a una de estas personas un delito de lesiones, al tener que asistir, un paciente tratado en una de estas clínicas, al Servicio de Urgencias del Centro Medico de Cortes de la Frontera por problemas de salud derivados de una intervención anterior en la clínica dental
Por cuanto a otros delitos investigados por al Guardia Civil, se encuentra también la falsificación de recetas.
Según este comunicado, la falsificación consistía en el uso de recetas oficiales en las que figuraban nombres, en su mayoría, de pacientes ficticios, y en otros casos, eran expedidas a nombre del propio autor de los hechos, figurando en todas ellas su número de afiliación al SAS. Igualmente era ficticio el médico que las recetaba, o en otros casos utilizaba un sello sustraído a un médico de los citados Centros de Salud.
El presunto autor accedía fácilmente y con cierta habitualidad a los Centros de Salud mencionados, donde es conocido por el personal empleado, por lo que le resultaba sencillo sustraer las recetas médicas sin levantar sospechas y sin ser, ni siquiera, visto.
Una vez las recetas en su poder procedía a su falsificación para posteriormente adquirir el medicamento Trankimazín en las farmacias. Este medicamento suele venderse clandestinamente en comprimidos sueltos, que alcanzan el valor de de casi cuatro euros cada uno; por lo que la venta fraudulenta del medicamento superaría los 160.000 euros.
