Un informe elaborado por la Secretaría Municipal señala que la demolición del Cuartel de la Concepción, realizado en 2010 cuando el Ayuntamiento era gobernado por el PSOE y concejales tránsfugas, fue irregular “contrario a derecho y al procedimiento legalmente establecido”, según han informado esta tarde los concejales delegados de Contratación, María del Carmen Martínez, y de Tráfico, Antonio Arenas.
En el citado informe, que curiosamente se ha elaborado a petición del concejal socialista Alberto Orozco, que en aquella época además pertenecía al equipo de Gobierno como teniente de alcalde, se afirma que:
“De todo lo expuesto se deduce, que al Ayuntamiento no le correspondía en caso alguno solicitar al propietario del edificio, en este caso el Ministerio de Defensa, una autorización demanial para proceder a su derribo, sino que lo que procedía, en cumplimiento de los artículos mencionados (9 TRLS y 158 de la LOUA), era que el Ayuntamiento de oficio dictara una orden de ejecución contra el Ministerio de Defensa, atendiendo al estado de deterioro en el que se encontraba el edificio de su propiedad, pero imponiéndole el derribo a su costa, y solo ante el incumplimiento injustificado de dicha orden por parte del Ministerio, hubiera habilitado al Ayuntamiento para la imposición de multas coercitivas y la ejecución subsidiaria a costa del obligado”.
Pese a ello, el Ayuntamiento, gobernado entonces por el PSOE y concejales tránsfugas, procede el derribo del edificio con un coste para los rondeños de 700.000 euros, y sin cago alguno para el Ministerio de Defensa. A cambio el Ministerio autorizaba el solar resultante para su utilización como aparcamiento, corriendo a cargo del Consistorio todos los gastos de explanación y asfaltado, incluidos los impuestos, tasas y demás tributos, y exonerándose al Ministerio. “Algo que es contrario a derecho y al procedimiento legalmente establecido para ello, al exonerar al Ministerio de las obligaciones que a cualquier propietario, por Ley, se le imponen”, dice la secretaria municipal en su informe.
Por todo lo anteriormente expuesto, Martínez y Arenas han expresado que la portavoz socialista, Teresa Valdenebro, en su reciente intervención ante los medios de comunicación ha pecado de “inmadurez y de inexperiencia política, ya que se ha tirado a una piscina sin agua y el tiro le puede salir por la culata”.
Como consecuencia de la emisión de este informe, el Ayuntamiento de Ronda ha iniciado la tramitación para cambiar la figura de gestión de la zona azul en el solar del antiguo Cuartel de la Concepción, que pasará de contar con un sistema de cobro del servicio por tasas, a otro de precio público, según han informado esta tarde los concejales delegados de Contratación y de Tráfico.
A este respecto los concejales han acusado a la portavoz socialista de querer causar una alarma injustificada entre los ciudadanos, ya que “lo único que se va a producir es un mero trámite administrativo; una variación en la denominación en el sistema de cobro del servicio, que pasará a ser precio público en lugar de tasa”.
En relación a si hay que devolver las cantidades recaudadas, desde la Secretaría Municipal se ha informado que no cabe esta posibilidad, puesto que el servicio se ha prestado. Además, tanto Martínez como Arenas han destacado que cuando se establecieron las tasas, no se recibió ningún informe negativo por parte de los servicios técnicos municipales, ni se alertó de que este tipo de cobro del servicio podría resultar irregular.
Los dos concejales del equipo de Gobierno, en la rueda de prensa ofrecida, también han acusado al Grupo Socialista de haber ocultado la mayor parte del informe, ya que “únicamente se han utilizado unos párrafos del mismo, cuando dicho documento consta de siete páginas”.
Pero es más, los dos ediles del Gobierno municipal han acusado a Valdenebro de actuar con “torpeza política, y lo que es peor, ha mentido a todos los ciudadanos”.
Por todo ello, el equipo de Gobierno, formado por PP y PA, ha solicitado un nuevo informe a la Secretaría Municipal para que se aclare todo lo ocurrido y las posibles ilegalidades o irregularidades cometidas con el derribo del cuartel.