Según aseguró el portavoz municipal socialista, Francisco Cañestro, la medida afectará negativamente a sectores como el turismo o el comercio porque los sancionados son turistas y vecinos de la Serranía que vienen a comprar o hacer uso de distintos servicios
Desde el Grupo Municipal Socialista también se ha hablado en las últimas horas sobre esta cuestión para criticar y denunciar lo que se ha calificado de “afán recaudatorio” del Gobierno municipal del Partido Popular. Así, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Ronda, Francisco Cañestro, aseguró ayer que las sanciones por la regulación del tráfico en el Puente Nuevo y calles Virgen de la Paz y Armiñán podrían superar los 3,4 millones de euros anuales, atendiendo a la estimación de los datos desde la puesta en marcha de la medida hasta diciembre pasado.
Las declaraciones de Cañestro se producen el mismo día en el que el Ayuntamiento de Ronda informó de los primeros resultados de la puesta en marcha de la restricción al paso de vehículos no domiciliados fiscalmente en Ronda por el eje compuesto por las calles Virgen de la Paz-Puente Nuevo-Armiñán y que suponen una sanción económica para aquellos que la incumplan.
En concreto, insistió el socialista, entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2025 se han impuesto un total de 49.698 multas, lo que supone una media de unas 10.000 al mes o más de 2.300 a la semana. Esto, aseguró, es negativo porque las sanciones han ido para turistas y para aquellos vecinos de la Serranía de Ronda que vienen a la ciudad a comprar o a hacer uso de servicios o realizar gestiones.
Por otro lado, Cañestro aseguró que «la medida terminará afectando a la economía local, especialmente al sector del turismo, la hostelería y el comercio», señalando también las dificultades que tienen para acceder clientes y empleados de establecimientos de la zona como es el caso, dijo, del Parador Nacional de Turismo situado en la plaza de España, junto al Puente Nuevo. De igual modo, ha puntualizado que todo lo recaudado no va para las arcas muncipales ya que el 34% se queda en el Patronato Provincial de Recaudación. Asimismo insistió una vez más en la propuesta de excluir de las sanciones a los veintidós municipios de la Serranía.
