Entre las medidas se ponen sobre la mesa medidas como expulsar durante 20 años de la contratación pública a las empresas corruptoras, garantizar la protección real y efectiva de los denunciantes de corrupción o crear una agencia independiente de control de los poderes públicos
Beatriz Mut, coordinadora local de Izquierda Unida (IU), formación integrada en Frente Amplio, ha presentado las propuestas para poner coto a la corrupción política señalando la necesidad de que una empresa que ha corrompido a cargos públicos no pueda beneficiarse de los contratos públicos.
La medida se extendería a las empresas condenadas, sus representantes y administradores, las sociedades vinculadas y las UTE en las que participen compañías condenadas por delitos de corrupción. Para hacerla efectiva, el Frente Amplio propone reformar la Ley de Contratos del Sector Público y el Código Penal, al considerar insuficientes los mecanismos actuales.
En esta comparecencia, la coordinador local de IU apuntó que se trata de «combatir de forma integral la corrupción política y empresarial, ya esas prácticas socavan la democracia y los servicios públicos». De igual modo Mut rechazó las justificaciones partidistas entre formaciones políticas y habló de las propuestas la coalición de izquierdas que pasan, dijo, por «una rigurosa ley de integridad pública destinada a garantizar la transparencia absoluta institucional, la fiscalización exhaustiva, la inhabilitación de empresas condenadas y la restitución íntegra de fondos públicos desviados en beneficio exclusivo del interés general ciudadano».
En este sentido Mut señaló la necesidad de plantear la prevención, la investigación y la sanción de la corrupción y para ello se ponen sobre la mesa medidas como expulsar durante 20 años de la contratación pública a las empresas corruptoras, garantizar la protección real y efectiva de los denunciantes de corrupción o crear una agencia independiente de control de los poderes públicos.
«La corrupción corroe los pilares de la democracia frente a quienes se creen dueños de nuestras ciudades y de nuestras vidas. Frente a la a las campañas judiciales y políticas, defendemos instituciones con paredes de cristal, donde la ciudadanía pueda conocer cómo se toman las decisiones y a quién beneficia», afirmó.





