En todo este proceso, los extrabajadores se han manifestado hasta en dos ocasiones en Sevilla e incluso han llegado a mantener una acampada de once días frente al Gobierno andaluz. El 20 mayo la propia Junta convocó una reunión para prometer una solución que todavía no ha llegado. Rafael Ruiz ha señalado que ahora incluso el director general de Empleo de la Junta de Andalucía se niega en rotundo a recibir a los representantes de las trabajadores de las empresas afectadas por los impagos.
Con estos argumentos y algunos más que se detallaban en la rueda de prensa de ayer, el grupo municipal de Izquierda Unida propone para debate y aprobación por la corporación municipal que en pleno que exija al Gobierno andaluz que cumpla sus compromisos y se les pague a estos trabajadores los siete meses que se les adeuda de sus pensiones. Ruiz decía también que se pedir que el consejero de Empleo, Manuel Recio, comparezca públicamente para dar explicaciones.
La otra moción tiene que ver con la ley hipotecaria, quieren una modificación de la misma para regular la dación en pago y adoptar las medidas necesarias para evitar los desahucios por motivos económicos. En definitiva, piden al Gobierno de España que, en caso de desahucio, el banco con la vivienda liquide la hipoteca de la misma. Paqui González, concejal de Izquierda Unida explicaban que entienden que la modificación dependa de una normativa estatal, pero los efectos dramáticos, decía, se concretan en el ámbito municipal: son a los ayuntamientos adonde se dirigen mayoritariamente las personas pidiendo ayuda. En Ronda el número de desahucios al año es de 80-90 viviendas, desde el año 2007 al 2010.
Desde Izquierda Unida se insta a que se modifique la ley hipotecaria tal y como propone la “Plataforma de Afectados por la Hipoteca”. Además, dicen también, apuestan por abrir una oficina específica en Ronda de asesoramiento jurídico de ayuda mediante la comisión especial mixta en la que participen representantes de la corporación municipal, asociaciones de afectados, asociaciones vecinales y otras organizaciones conocedoras del problema.
