Conejo hace referencia a la contratación, como asesora de Desarrollo Rural, de la ex concejala del Movimiento por Benalmádena que secundó la moción de censura contra Javier Carnero en Benalmádena. María del Carmen Romero Porras cobrará 40.000 euros brutos anuales. Como asesor técnico de Servicios Intermunicipales (delegación que lleva el ex andalucista Abdeslam Lucena) con un sueldo de 49.200 euros, ha sido designado José Gallego Pérez, alcalde de Benamargosa, quien concurrió bajo el paraguas del PP tras abandonar también el Partido Andalucista. Por otro lado, como asesor en el Grupo Popular ha sido contratado el alcalde de Comares, Manuel Robles, con un sueldo de 38.816 euros mensuales, mientras que el alcalde de Cútar, Francisco Javier Ruiz Mérida, será asesor del vicepresidente Francisco Oblaré, por lo que cobrará 34.000 euros brutos anuales.
A esta lista, ha enumerado el portavoz, hay que agregar la contratación como asesor del Parque Móvil del ex edil de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, Gregorio Pérez Garrido, con un sueldo de 35.000 euros brutos anuales; y al ex directivo cultural del Ayuntamiento de Málaga, Juan Ignacio Montañés, como asesor del Cedma con un sueldo de 41.000 euros.
El portavoz ha recordado que el PP había designado con anterioridad a los candidatos perdedores de Álora (David Gutiérrez Postigo, como director técnico de Educación y Juventud, con 42.000 euros anuales) y de Pizarra (Félix Francisco Lozano Narváez, director técnico de Turismo y Promoción del Territorio, con 42.000 euros anuales); al ex alcalde de Benalmádena, Enrique Moya, como asesor de asuntos taurinos con un sueldo bruto anual de 47.000 euros; al ex vicepresidente de Vázquez Alfarache, Carlos García, como coordinador del área de Modernización con un sueldo bruto anual de 57.711,70 euros; a dos ex ediles de grandes ciudades, Juan Ramón Casero (director técnico de Arquitectura, Urbanismo y Planeamiento, 57.260 euros) y Patricia Cid (directora técnica de Medio Ambiente, 47.000 euros), de Málaga y Vélez, respectivamente; y al alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, como consejero delegado de la empresa de vivienda, cuyo sueldo no ha sido facilitado”, ha enumerado.
Todo lo anterior demuestra, a juicio del portavoz socialista, que el PP está pagando las primeras facturas de las últimas elecciones locales y que ha convertido la Diputación en un instrumento político al servicio del partido. “Bendodo sí paga a traidores. Con tan solo dos meses en la Diputación, el PP la ha convertido en su caja registradora política”, ha enfatizado.
Por su parte, la vice portavoz socialista, Fuensanta Lima, ha explicado que “tres de los cargos de confianza nombrados ganarán más que el presidente de la Diputación (el director general de Recursos Humanos, 94.380 euros anuales; director general de Cultura 90.000 euros; y el director general de Economía y Hacienda, 76.000 euros anuales), otros tres más que los vicepresidentes (el gerente de la Sopde, 65.000 euros; el director general de Deportes, 65.000 euros, y el director técnico de Presidencia, con 66.000 euros), con lo cual, se incumple, en estos seis casos, el acuerdo de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), por el cual los cargos no cobrarían más del 90% del sueldo del presidente de la institución.
“El PP no cree en el funcionariado, a la vista de que dos de los cargos directivos ocupados por funcionarios en puestos de libre designación en la etapa socialista han sido ocupados por el PP con personal de fuera y con altas retribuciones”, ha concluido Lima.