El encuentro entre vendedores y compradores estaba concertado en un céntrico restaurante rondeño, que el día de los hechos se encontraba controlado por los agentes encargados del caso, que comprobaron la veracidad de la información recibida sobre la operación y procedieron a intervenir las obras de arte al no poder acreditarse documentalmente la propiedad de las mismas y su origen.
Tras casi dos meses de investigación, los agentes han podido comprobar que se trata de cuadros falsificados, aunque se permanece a la espera de un último informe pericial por parte del Ministerio de Cultura. No obstante, los informes previos de los especialistas consultados aseguran que se trata de falsificaciones, aunque algunos de ellos llevan pegado en la parte posterior un supuesto documento de autenticidad de la obra.
Tras completarse las diligencias, han sido dos las personas imputadas por intentar vender estas obras como auténticas, tratando de «colocar» las mismas por un importe aproximado de 120.000 euros, una cantidad que podría haber llegado a los 160 millones de dólares en el mercado negro si las mismas hubiesen sido auténticas.
