El Ayuntamiento de Ronda va a reclamar a la Junta de Andalucía la responsabilidad que considera debe asumir en las consecuencias que la sentencia del Tribunal Supremo contraria al Consistorio rondeño por la que la empresa promotora del proyecto de los Merinos reclama 15,5 millones de euros. La alcaldesa, Mª Paz Fernández, junto al concejal de Obras, Fernando Corrales, han comparecido hoy para anunciar que van a interrumpir el plazo que la ley establece por responsabilidad patrimonial, al considerar que la administración andaluza tiene parte de ella.
La regidora recordó que la sentencia contraria es “contra un acto de la comisión provincial de Obras y Urbanismo y no contra un acto administrativo del Ayuntamiento”. Por ello se va a hacer constar que se va a interrumpir el plazo, interrumpiendo la prescripción, “la Junta de Andalucía tiene en este asunto mucha responsabilidad que no va a asumir el Ayuntamiento en solitario”.
Fernández añadió que el Ayuntamiento siempre ha estado a favor del proyecto “y esta devolución económica que se nos requiere puede suponer una auténtica crisis y voy a hacer todo lo que pueda para que la Junta de Andalucía de la cara y responda”. La pasada semana se trasladó este asunto a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, “recordando que debe dar traslado a los organismos que considere competentes lo que servirá para interrumpir la prescripción de las acciones que asisten a este Ayuntamiento, tanto en el derecho de repetición que ostenta frente a la reclamación de responsabilidad patrimonial antes indicada, como en lo que respecta a los daños y perjuicios que directamente ha sufrido esta Corporación”.
Señaló que se comienza así con un proceso de reclamación muy complicado que “esperamos se resuelva de forma positiva para Ronda”.
