Bajo el criterio de este colectivo, la Comisión Europea no ha dado las explicaciones necesarias sobre el informe detallado que el Grupo de Trabajo Valle del Genal hizo del suceso que sumaba un total de 85 páginas, siendo contestado en un documento de tan sólo dos por dicha entidad.
En estas dos hojas, el organismo europeo sólo estipula que el informe contiene “alguna ampliación de las informaciones originalmente proporcionadas en su queja” y que “su nueva comunicación no incluye elementos nuevos sustanciales que permitan a los servicios de la Comisión formarse una opinión diferente a la que motivó el archivo del expediente”. La indignación en el Grupo de Trabajo Valle del Genal es tal, que dudan de si “tan siquiera se han leído la documentación aportada, o si están capacitados para afrontar este tipo de denuncias y para garantizar la conservación de nuestros espacios protegidos”.
Los hechos denunciados ante la Comisión, afectaron a 500m del cauce del Genal y consistieron en la expansión de la lámina de agua, eliminando así zonas de pozas fundamentales para la supervivencia de los peces en verano, cuando éstos se encuentran en periodo de reproducción y crecimiento. Además esta actuación impedía la regeneración de la sauceda original (ya desaparecida).
El Grupo de Trabajo del Valle del Genal achacó la responsabilidad de esta actuación a la Conserjería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que fue quien otorgó a un particular la licencia para llevar a cabo esta labor tan perjudicial, atendiéndonos a su criterio, para la flora y fauna autóctonas, siendo además el río Lugar de Importancia Comunitaria. Para más inri, argumentan que otorgar ese permiso que se calificó como de “limpieza de cauces” carece de sentido alguno, puesto que la limpieza de cauces tiene como fin la defensa contra las crecidas normales del río, algo que no tiene sentido en zonas inundables.
Por estos motivos se procedió a realizar la primera denuncia ante la Comisión Europea, al considerar que la Conserjería de Medio Ambiente incumplía varias leyes y directivas comunitarias, obteniendo para la misma la infructuosa respuesta antes mencionada. Es por ello que el colectivo procede ahora a denunciar a la Comisión ante el Defensor del Pueblo Europeo.
