Desde Izquierda Unida Ronda, personado como acusación popular en el caso Acinipo, ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Ronda, que lleva el caso, un escrito de acusación y de calificación provisional en el que pide que vuelvan a estar dentro del proceso judicial los empresarios que quedaron fuera del mismo en el auto dictado el pasado mes de julio. También desde Izquierda Unida se pide dieciocho años de cárcel para el ex alcalde Antonio Marín Lara, actual portavoz de la formación local Alianza Por Ronda así como más 300.000 euros de multas. Según ha indicado el coordinador local de Izquierda Unida, el objetivo es que se garantice el cumplimiento de la Ley esclareciendo lo ocurrido y defendiendo los intereses de la ciudad de Ronda.
En su escrito, al que ha tenido acceso Radio Ronda, Izquierda Unida relata una serie de hechos como la compraventa de unos terrenos en menos de un mes a más del triple del valor de venta inicial tras la recalificación de los mismos por parte del Ayuntamiento; la realización de “concursos a medida” y “asignaciones directas” para empresarios amigos del entonces alcalde, Antonio Marín Lara, “maniobras y presiones sobre empleados públicos”, “desaparición de un expediente oficial” o el uso del periódico “La Gaceta”, de la que Marín Lara era copropietario, para “ocultar negocios ilícitos”. Según Izquierda Unida los hechos referidos son constitutivos de delitos de prevaricación, falsedad documental, fraude a la administración, tráfico de influencias y cohecho.
En el escrito se pide también a la jueza que se llame a declarar a un centenar de testigos que no habían sido llamados hasta ahora, entre ellos un empresario fallecido. Según Carreño, al tratarse de una calificación provisional de la acusación popular se procederá a resolver el error que ha estado producido por una confusión con un hijo del finado así a realizar una modificación de dicha lista atendiendo a lo que se diga por parte de la jueza instructora y el ministerio fiscal.
Carreño ha insistido en que desde Izquierda Unida lo único que se persigue es que cumpla con la Ley y por ello se pide que vuelvan a estar investigados los tres empresarios que quedaron fuera del proceso en julio pasado.
Por otro lado Carreño ha señalado también que existe interés, en lo referente a los políticos investigados, en las posibles penas de inhabilitación para el desempeño de cargo público en defensa del interés general.
Cabe recordar que desde el último auto de la jueza instructora la causa se centra en el proceso para la construcción de una gran superficie comercial en Ronda de la firma Eroski y los trámites realizados al respecto como la enajenación presuntamente irregular del antiguo recinto ferial, las sucesivas adjudicaciones también supuestamente irregulares de obra pública a una empresa, así como un préstamo de dicha sociedad que sirvió para el pago de viajes a Cuba. Además, la jueza ve indicios de delito también en la adjudicación de obras de asfaltado.
