Izquierda Unida de Arriate y la Plataforma Stop Desahucios han organizado una concentración en la plaza de Carmen Abela desde las doce del mediodía a las dos de la tarde. Se trata de un acto de protesta contra los desahucios. Concretamente, la protesta es contra el lanzamiento de una familia en Arriate por la vía notarial que va a realizar Banesto. José Guerrero, de la Plataforma Stop Desahucios ha pasado hoy por La Mañana de Radio Ronda.
Según explicaba Guerrero, esta vía impide que la familia pueda acogerse a la decisión de un juez que dictamine si existen cláusulas abusivas en el contrato de la hipoteca. El representante de la Plataforma Stop Desahucios en la Serranía apuntaba que hay unas 200 familias en riesgo de desahucio y que actualmente, están trabajando en sesenta casos concretos.
Hasta ahora, decía también, se está trabajando en buena sintonía con la mayor parte de las entidades bancarias y se está consiguiendo algunos buenos resultados.
Guerrero informaba de que se está en negociaciones con otras entidades como La Caixa, que si son existosas, podría suponer que una familia no se quedara en la calle y pudiera incluso acceder a un alquiler social. Durante los dos últimos meses, la plataforma ha estado ofreciendo asesoramiento a través de reuniones en los centros cívicos y asociaciones de vecinos de la ciudad. Las personas que acuden a la plataforma, decía Guerrero, son familias que se han quedado sin trabajo, que ya no tienen prestaciones por desempleo y de ningún tipo en muchos casos, y que son incapaces ya de hacer frente al pago de la hipoteca.
Guerrero apuntaba también que la Plataforma Stop Desahucios quiere mantener una reunión con los jueces del partido judicial de Ronda para hablar sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que establece, por una parte, que algunos aspectos de la ley española por la que decenas de miles de personas han sido desalojadas de sus casas durante los últimos años no son compatibles con la directiva europea de protección de los consumidores que se aprobó en 1993. A partir de ahora, los jueces que estén examinando si ha habido cláusulas abusivas en un contrato hipotecario podrán suspender de manera cautelar el procedimiento de ejecución e impedir un desalojo.
