Salado anuncia que la institución provincial se hará cargo de la habilitación y mantenimientos de aulas informatizadas pese a que “se trata de una competencia que no corresponde a las entidades locales sino al Gobierno”
“Hemos tomado esta decisión, atendiendo la solicitud de los alcaldes, para evitar que sean los ciudadanos de estas comarcas quienes sufran la dejación de funciones del Ministerio de Interior”, señala el presidente
La alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández, denuncia la “imposición” por parte del Gobierno y afirma que la decisión de la Diputación va en consonancia con su política de ayuda a los municipios y de lucha contra la despoblación
El alcalde de Antequera, Manuel Barón, advierte de que se está cambiando el pagador sin cambiar al responsable y recuerda que el Gobierno ha dejado sin ejecutar cerca de 60.000 millones de euros en fondos europeos destinados, entre otras cosas, a la digitalización de las administraciones públicas
El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha anunciado que la institución provincial asumirá los costes de la Dirección General de Tráfico (DGT), que depende del Ministerio del Interior, con el objetivo de que los vecinos de las comarcas de Ronda y Antequera no tengan que desplazarse a Málaga para hacer los exámenes de conducir. No obstante, ha dejado claro que se trata de “una competencia impropia, que no corresponde a las entidades locales sino al Gobierno”.
La DGT ha exigido a los ayuntamientos que habiliten aulas para la realización de los exámenes teóricos de conducir, de modo que deben ser los consistorios quienes adecuen los espacios; adquieran, instalen y mantengan los equipos informáticos, y se hagan cargo de la seguridad de las instalaciones y los sistemas.
A petición de los alcaldes, será finalmente la Diputación de Málaga quien correrá con los gastos de unos servicios que benefician a los vecinos no sólo de Ronda y Antequera, sino de todos los municipios de su entorno.
“Hemos tomado esta decisión, atendiendo la solicitud de los alcaldes, para evitar que sean los ciudadanos de estas comarcas quienes sufran la dejación de funciones del Ministerio de Interior”, ha señalado el presidente, quien ha añadido que “una vez más hemos tenido que asumir obligaciones que corresponden al Gobierno central para evitar otro duro golpe a los ayuntamientos y a los vecinos”.
En este sentido, el presidente ha señalado que es la DGT quien hace las pruebas y cobra las tasas y, sin embargo, obliga a los ayuntamientos a hacer un gasto que no les corresponde y que no tienen previsto en sus presupuestos. “Esta medida va en contra de la lucha contra la despoblación: hay que dotar de servicios a las comarcas y los municipios del interior, no quitárselos”, ha afirmado.
Por su parte, la alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández, ha denunciado la “imposición” por parte del Gobierno, que obligaba a firmar un convenio y asumir los costes del aula informatizada o se llevaba los exámenes a Málaga. “Las administraciones se hablan con lealtad y negocian acuerdos beneficiosos para los ciudadanos, y este no ha sido el caso”, ha lamentado.
Fernández ha añadido que a Ronda también llegan personas de otros pueblos de la comarca e incluso de la provincia de Cádiz, por lo que “no sería justo que todo esto lo pagaran los rondeños”, y ha indicado que la decisión de la Diputación va en consonancia con su política de ayuda a los municipios y de lucha contra la despoblación.
El alcalde de Antequera, Manuel Barón, ha agradecido a la Diputación de Málaga su disposición .a asumir los gastos necesarios para garantizar la continuidad de los exámenes del carné de conducir, evitando perjuicios a los jóvenes de Antequera y comarca. Barón ha subrayado, no obstante, que esta solución no debe ocultar el problema de fondo: “Se trata de una competencia exclusiva de la DGT y, por tanto, debería ser el Gobierno de España quien asumiera su financiación”.
Barón ha recordado que fue la propia DGT la que planteó que los ayuntamientos sufragaran estos costes, propuesta que Antequera rechazó por no corresponderle. “Ante ese rechazo, el PSOE ha optado por pedir el esfuerzo a la Diputación, en lugar de exigir al Gobierno central que cumpla con su obligación”, ha señalado. Asimismo, ha advertido de que se está cambiando el pagador sin cambiar al responsable y ha recordado que el Gobierno ha dejado sin ejecutar cerca de 60.000 millones de euros en fondos europeos destinados, entre otras cosas, a la digitalización de las administraciones públicas, eje de esta implantación.
Desde la firma de los convenios con la DGT, que tendrá lugar próximamente, los ayuntamientos cuentan con un plazo de un año para adecuar las aulas y completar el proceso, que debe estar listo a lo largo del año 2026.
