La Defensa ha solicitado en las cuestiones previas, conocer la identidad de los testigos protegidos al entender “que se podría producir indefensión de sus defendidos”, según han apuntado fuentes cercanas al caso.
La Fiscalía pide inicialmente 39 años de cárcel para cuatro policías y un guardia civil destinados Ronda, acusados por presuntamente no actuar contra clubes de alterne, a los que, además, acudían supuestamente para exigir dinero y mantener relaciones sexuales a cambio de no tramitar expulsiones o de arreglar la situación irregular de las trabajadoras, según el fiscal.
A éstos, entre los que está el que fuera jefe de la Comisaría desde mayo de 2005 hasta febrero 2007, se les acusa de los delitos de omisión de perseguir delitos, cohecho con fines delictivo, abusos en el ejercicio de la función pública en relación a delitos de abusos sexuales y, en algunos casos, fraude.
En el escrito de conclusiones provisionales presentado por el fiscal del caso en el Juzgado instructor el pasado año, fueron acusados también los tres responsables de esos clubes por un delito de prostitución y una novena persona, que supuestamente acompañaba a los agentes, por un delito de tráfico de influencia.
La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional obtuvo informaciones que involucraban presuntamente a funcionarios de dicha comisaría en actividades relacionadas con la prostitución y la explotación de mujeres extranjeras en situación irregular, investigación que desembocó en la detención, entre febrero y mayo de 2007, de estos acusados y de otras personas, para los que se archivó la causa.
Los hechos ocurrieron entre 2003 y principios de 2007 y según la calificación inicial del fiscal, el inspector jefe, el subinspector y encargado de las secciones de Documentación y Extranjería, dos agentes de la Policía Judicial y un guardia civil «siempre estuvieron al corriente de las actividades de proxenetismo y tráfico de drogas» que había en tres locales de la zona, en los que se desarrollaron varias redadas.
