Ante la información aparecida con relación a las diligencias judiciales abiertas a la empresa SOLIARSA, queremos aclarar lo siguiente:
-La investigación tiene su origen en una auditoría realizada sobre la empresa referida a los años 2018 y 2019, encargada por propio Gobierno del Partido Popular, nada más acceder a la Alcaldía.
-Dado que Mari Paz Fernández tomó posesión del cargo, a mediados de junio de 2019 tras las elecciones municipales celebradas ese mismo año, el periodo en que presidió el consejo de administración de la empresa SOLIARSA que está siendo investigado fue tan solo de esos seis meses, correspondiendo al PSOE cualquier tipo de responsabilidad en los años anteriores.
-Tras la auditoria a la empresa realizada por expreso encargo del gobierno del PP, Mari Paz Fernández adoptó de manera inmediata todas las medidas que el informe y los técnicos municipales propusieron para subsanar las deficiencias detectadas.
-María Paz Fernández, -al igual que la anterior alcaldesa socialista María Teresa Valdenebro-, ha sido llamada a declarar por el Juzgado por la circunstancia objetiva, por la formalidad, de haber sido presidenta del consejo de administración de la empresa en una parte del periodo investigado, sin que en ningún momento se le haya imputado haber realizado ninguna actuación ilícita. No es cierto, ni consta ninguna mención en las diligencias de la Guardia Civil en tal sentido, que la alcaldesa tuviera conocimiento de los hechos investigados, ni mucho menos que se hubiera beneficiado o lucrado de ninguna forma.
-Por todo ello, en el mismo momento en que el Juzgado le notificó el auto judicial que acordaba su citación para declarar, la alcaldesa recurrió tal resolución estándose en este momento a la espera de que el Juzgado resuelva el recurso planteado.
-Conforme establece la ley, la alcaldesa ni ningún político intervienen nunca en los procedimientos de contratación de trabajadores, ya que esta función corresponde exclusivamente a un tribunal formado por funcionarios municipales. Por ello es absolutamente falso que la alcaldesa haya dado trato de favor en la contratación de ninguna persona, ni a su hermano, ni tampoco a “un fisioterapeuta y profesora de la guardería de su hija de su hija” que ni tan siquiera forman parte de la plantilla de Soliarsa. Tan poco fundamento tiene lo anterior, que ni siquiera es objeto de la investigación abierta por el Juzgado.
-Confiamos en que de manera inmediata la Justicia disipe cualquier sospecha de responsabilidad de la alcaldesa de Ronda, que siempre ha actuado con el máximo respeto a la legalidad y en defensa de los intereses de todos los rondeños.
-Por último, desde la Alcaldía se ha anunciado que esta misma mañana se ha dado instrucciones a los abogados para que interpongan una querella ante la Fiscalía, por la divulgación de datos personales que incluso afectan a su intimidad familiar, como por las calumnias vertidas.
