La Fiscalía ha solicitado, por segunda vez, al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ronda el archivo de la denuncia interpuesta por el Partido Socialista de Ronda en relación con el desarrollo de la nueva estación de autobuses de la ciudad.
En un nuevo escrito remitido por la Fiscalía al Juzgado rondeño, con fecha 17 de abril de 2023, expresa que solicita el sobreseimiento y archivo de las actuaciones a la vista del informe emitido por la Consejería de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, así como el informe del Jefe de Servicio de Urbanismo, que indican que las obras aprobadas por el Ayuntamiento de Ronda son acordes a la legislación urbanística.
Hay que recordar que la Fiscalía inició una investigación, tras la denuncia planteada por dos miembros del PSOE de Ronda, por si la construcción de la nueva estación municipal de autobuses -que se está edificando en terrenos del Polígono Industrial El Fuerte- pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación urbanística, hechos que ahora la propia Fiscalía rechaza, por lo que pide el archivo de la causa, al haber comprobado que este proyecto cumple la legalidad.
Ante esta nueva petición de sobreseimiento, el Juzgado número 2 de Ronda se pronunciará próximamente tras escuchar a la parte acusadora, es decir, al PSOE.
Segunda petición de archivo
Ya el 4 de enero de 2023, el fiscal solicitó por primera vez el sobreseimiento de esta causa “a la vista del informe emitido por la Consejería de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, así como del informe del Jefe de Servicio de Urbanismo, que indican que las obras aprobadas por el Ayuntamiento de Ronda no son contrarias a la legislación urbanística”.
El Partido Socialista de Ronda puso en manos de la Fiscalía este expediente, en la que se afirmaba que el equipo de Gobierno estaba incumpliendo la normativa urbanística, ya que, según ellos, estaban levantando este inmueble en unos terrenos que no tenían la catalogación necesaria para edificar una infraestructura de esa tipología. Sin embargo, todos los informes de los técnicos municipales y de la Junta señalaban lo contrario, y resaltaban que la información facilitada por el PSOE era errónea, ya que se habían confundido a la hora de indicar cuál era la parcela sobre la que se ejecutaba la obra. Finalmente, tal y como ahora ha ratificado la Fiscalía, por segunda vez, todo apunta a que el proyecto se ajustaba en todo momento a la legalidad.
