De acuerdo con su norma reguladora, este tipo de pagos no puede sobrepasar la cantidad global de 100 millones de euros durante un año. Para cada corporación se establecen los límites de 2,5 millones y del 25% del total de las entregas a cuenta de la participación en los tributos autonómicos de un ejercicio.
La Consejería de Hacienda y Administración Pública debe dar cuenta de estas operaciones, trimestralmente, al Consejo Andaluz de Concertación Local, mientras que la decisión del Consejo de Gobierno se adopta previo informe de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
