Primero: que una vez que el actual equipo de Gobierno, formado por PP y PA, se hizo cargo de la gestión del Ayuntamiento, y tras detectarse una serie de presuntas irregularidades en las nóminas de cuatro empleados, se decidió crear una Comisión Informativa Especial para aclarar esta situación que estuvo trabajando en el tema durante ocho meses. Debido a la complejidad del asunto, se solicitó la colaboración del Servicio Jurídico de la Diputación Provincial de Málaga (SEPRAM), para que elaborase un informe al respecto.
Una vez que en septiembre de 2011 el Consistorio recibió el informe elaborado por el SEPRAM, el 29 de octubre de 2011 el Pleno de la Corporación aprobó por unanimidad, con el voto favorable de PP, PA, PSOE e IU, la propuesta que elaboró la Comisión Informativa Especial sobre los posibles sobresueldos detectados. (Adjuntamos actas del citado Pleno con la resolución aprobada).
Segundo: en cuanto al cobro de dichos sobresueldos, y tal y como se recoge en el informe del SEPRAM y en la resolución adoptada por la Corporación Municipal, “se establece que estas gratificaciones a los trabajadores de SOLIARSA fueron aprobadas al margen del Consejo de Administración y de la Junta General de la empresa pública por el ex alcalde y entonces presidente del Consejo, Antonio María Marín Lara”.
“Que dichos sobresueldos fueron concedidos por Marín Lara por encima de sus atribuciones y sin que el Consejo de Administración tuviese conocimiento de ello”.
Hay que recordar que la Asamblea General de la Sociedad (constituida por el Pleno de la Corporación Municipal), no tiene entre sus funciones el examen de los conceptos retributivos que conforman la nómina de los empleados de SOLIARSA, por lo que dicho órgano no pudo fiscalizar las presuntas irregularidades que han sido puestas de manifiesto en el informe del SEPRAM.
El Ayuntamiento quiere hacer constar, especialmente, que las informaciones que han salido a la luz pública no han sido facilitadas, en ningún momento, por ningún responsable municipal. En este punto resulta cuanto menos paradójico que quien en la carta al director remitida al medio que ha publicado la noticia, denuncia que se han podido filtrar documentos a la prensa, con posibles vulneraciones de la Ley de Protección de Datos de Carácter Oficial, adjunte en su escrito documentos relativos a trabajadores sobre cuyos datos personales no se realiza ningún tipo de reserva.
Por último, y como no puede ser de otra manera, es voluntad de los responsables municipales mantener el debido sigilo en el ejercicio de las acciones legales que por parte del Ayuntamiento hayan de adoptarse.
