En este sentido, decía Lola Rivera, que el Estado ha reducido las aportaciones que realizaba dentro de la Ley de la Dependencia hasta dejarlo en un 30%, mientras las comunidades autónomas deben asumir el 70%, dejando a miles de dependientes sin las ayudas u obligando a los ayuntamientos a asumir una carga difícilmente asumible para las arcas municipales.
