La Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía solicitó el pronunciamiento de la Diputación de Málaga sobre la iniciativa del Ayuntamiento de Ronda acerca de la segregación de su término municipal de las entidades locales autónomas de Serrato y Montecorto y hoy, en la sesión plenaria, se ha aprobado el mismo. En este acto ha estado presente la alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández, junto con la primer teniente de alcalde, Isabel María Barriga, y los ediles Jesús Vázquez (Relaciones Institucionales) y Manuel López (Pedanías). De igual forma también se han desplazado hasta Málaga los presidentes de las ELAs de Montecorto, Juan Antonio González, y de Serrato, Francisco López.
La alcaldesa valoró esta aprobación del Pleno de la Diputación de Málaga, calificando el hecho “como un momento histórico de cara a las aspiraciones que desde hace años mantienen los vecinos de Montecorto y de Serrato y que nosotros compartimos en su totalidad”.
En este documento se requería una valoración en relación con las competencias de la Diputación, especialmente las referidas a la asistencia a municipios reguladas en el artículo 11 y siguientes de la Ley 5/2010, “teniendo en cuenta su conocimiento sobre la realidad socioeconómica de esa provincia”, así como el carácter de excepcionalidad que establece el artículo 93.2 de la misma ley para la creación de nuevos municipios por segregación de los ya existentes».
El informe, que elaboró de forma previa al Pleno de hoy el Servicio Provincial de Asistencia a Municipios (SEPRAM) de la institución provincial, señala que la eventual constitución de estos municipios “no tiene por qué incidir en el normal desarrollo de sus actividades” habida cuenta de las características de los núcleos a segregar, por lo que podría prestarse la asistencia jurídica y la económica-presupuestaria con los medios materiales y personales con que cuenta actualmente el SEPRAM.
En cualquier caso, el proceso de segregación y la creación de los nuevos municipios debe ser aprobado finalmente por la administración competente, que en este caso es la Junta de Andalucía.
